Por Maurice Lemoine*
Traducido para Rebelión por Guillermo F. Parodi
De nacionalidad cubano-venezolana, Luis Posada Carriles no tiene ciudadanía estadounidense. Si bien adquirió la residencia permanente en 1962, la perdió por haber pasado más de un año fuera del país. No puede por lo tanto entrar sin cumplir los requisitos migratorios de un no residente.
Ocurre sin embargo que con el objetivo de pasar su vejez en el “país de la libertad”, en marzo de 2005, deja atrás Guatemala, cruza la Belice y se dirige hacia Cancún, en el Estado mexicano de Quintana Roo. Hasta su llegada en esta ciudad balnearia, fue ayudado y asistido por traficantes de drogas que pertenecían al cartel centroamericano que dirige el mafioso Otto Herrera García.
En Cancún, Juan Carlos Riverol, alias “el profesor”, toma el relevo. Vinculado con un grupo de “narcos” de origen cubano-estadounidense -Los Marielitos- Riverol se enriqueció a costa de cubanos sin visa deseosos de llegar a los Estados Unidos evitando los 145 kilómetros del estrecho de Florida, infestado de tiburones… y de guardacostas norteamericanos.
De Cancún, Posada Carriles vuelve a salir para la isla Mujeres, en la extremidad noreste de la península del Yucatán. La mañana del 15 de marzo, un yate de 27 metros, el Santrina atraca en la isla. Pertenece al millonario Santiago Álvarez, presente a bordo en compañía de cinco cipayos de la comunidad cubano-estadounidense de Miami. El mismo día, a las 14, el barco vuelve a salir y en dirección a Florida, llevando a bordo a un “clandestino”.
El 11 de abril, Fidel Castro denuncia la presencia de Posada Carriles en Miami. El 12, durante la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado, esta “insinuación” hace que el portavoz Richard Boucher se muestre escandalizado: “Es un tema que abordamos numerosas veces anteriormente. No estoy seguro que haya algo de nuevo”. Hubiera hecho mejor en callarse. El día siguiente, causando algún sobresalto, Posada Carriles pide asilo político ya que -alega su abogado-, “favoreció los intereses de los Estados Unidos durante alrededor de cuatro décadas”: pero: ¡no puede presentarse tal petición hasta que el individuo ya se encuentre en el territorio nacional! Desde la Habana y Caracas, Castro y Hugo Chávez exigen a las autoridades estadounidenses que arresten al individuo por actividades terroristas y reclaman su extradición.
Terrorismo Internacional
Nacido en Cienfuegos (Cuba), el 15 de febrero de 1928, Posada Carriles colaboró con la policía de del dictador Fulgencio Batista, a partir de 1955. En 1959, el triunfo de la revolución le causa una gran desazón y pasa a las filas contra-revolucionarias. Miembro de la Brigada 2006, participa en la tentativa de invasión de la Bahía de los Cochinos que comienza el 17 de abril de 1961. No hizo nada verdaderamente heroico, ¡no logrando ni siquiera desembarcar! Herido por este fracaso individual y colectivo, es uno de los doscientos cubanos que se incorporan al ejército estadounidense para ser formado para acceder el grado de oficial. Es, además, reclutado por la Central Intelligence Agency (CIA). En octubre de 1967, la “Compañía” lo envía a Caracas para reestructurar los servicios de inteligencia venezolanos. Pide y obtiene la nacionalidad venezolana para poder integrar la Dirección General de Policía (Digepol) que se convertirá posteriormente en la División General de Seguridad de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Bajo el seudónimo de “comandante Basilio”, se lanza hasta 1974 a la represión feroz de los movimientos de izquierda venezolanos.
Dejando sus funciones tras un cambio de Gobierno, Posada Carriles permanece en Caracas y abre una agencia de detectives - Investigaciones Comerciales e Industriales CA. Siempre vinculado con la CIA y colaborando con los servicios secretos argentinos, chilenos, guatemaltecos y salvadoreños, dirige, con otro cubano, Orlando Bosch, el Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU). Ambos preparan y financian la colocación de dos bombas en el vuelo CU 455 del Cubana de Aviación que, saliendo de Barbados, el 6 de octubre de 1976, estallará en vuelo, causando la muerte de setenta y tres pasajeros.
Encarcelado en Caracas con Bosch y los dos venezolanos que perpetraron materialmente el crimen, Posada Carriles, cuyo juicio aún no había terminado, se evade en 1985 con la ayuda de la Fundación Nacional Cubano-Estadounidense - creada en 1981 por Ronald Reagan, con base en Miami-, y la CIA. Esta última necesita de sus competencias. Reencontramos efectivamente a Posada Carriles en la base militar de Ilopango, en El Salvador, donde, bajo la dirección del teniente coronel estadounidense Oliver North, y como jefe de logística, proporciona armas y materiales a los contra-revolucionarios nicaragüenses - los contra. Violando una prohibición explícita del Congreso de los Estados Unidos, la operación es para más financiada gracias a toneladas de cocaína provistas por el cartel de Medellín, en Colombia.
Cuando estalla el escándalo Irán-Contras [1], Posada Carriles no se muestra durante algún tiempo antes de reaparecer como “consejero” de la policía salvadoreña, después de pasar por Guatemala en 1988 donde, en pleno conflicto armado -doscientos mil muertos-, trabaja para el gobierno como funcionario de inteligencia [2].
Independientemente de sus actividades al servicio de Imperio, dictaduras continentales y luchas contra insurreccionales, la prioridad de Posada Carriles siempre continúa siendo Cuba. Los grupos anticastristas de Miami y en particular la FNCA (Fundación Nacional Cubano Americana, NdT) lo financian bajo el tapete haciendo funcionar sus negocios. Siempre en América Central, recluta, forma -es experto en explosivos- y equipa a los guatemaltecos y salvadoreños a los que encarga la ejecución una serie de atentados en la isla. Del 12 de abril al 4 de setiembre de 1997, sus bombas estallan en hoteles de La Habana y Varadero - Meliá Cohiba, Capri, Nacional, Sol, Palmeras, Tritón, Castillo Miramar y Copacabana; en éste último, muere un joven turista italiano, Fabio Di Celmo.
El 17 de noviembre de 2000, Luis Posada Carriles es arrestado en Panamá en el momento en que preparaba un atentado con bomba contra Fidel Castro de visita en ese país para asistir a una Cumbre Ibero-Americana. El artefacto debía explotar durante una conferencia del presidente cubano a la Universidad, con el riesgo de herir, mutilar o matar una cantidad considerable de estudiantes panameños. Condenado el 20 de abril de 2004 a ocho años de cárcel “por haber comprometido a la seguridad pública”, Posada Carriles es amnistiado el 26 de agosto, por “razones humanitarias”, por la presidente panameña Mireya Moscoso, que debe terminar su mandato… el día siguiente. Ciertamente, el Presidente del Tribunal Supremo se había opuesto a esta medida, estando el pleito en curso de apelación siendo que la ley panameña estipula que no es posible indultar a un preso si el procedimiento judicial aún no está cerrado. Pero, en las semanas precedentes, Moscoso había recibido la visita del Secretario de Estado Colin Powell y de Otto Reich, cubano-estadounidense encargado de los asuntos del hemisferio occidental (América Latina) en el Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno de George W. Bush. Después de la estadía de Reich al Panamá, un rumor había circulado insistentemente en Miami: “Arregló todo.” Ese 26 de agosto, los cómplices cubano-estadounidenses de Posada Carriles -Guillermo Novo Sampol, Pedro Remón et Gaspar Jiménez-, también amnistiados, aterrizan triunfalmente en Miami. Por las razones mencionadas anteriormente -no es ciudadano estadounidense-, su jefe no puede acompañarlos. Un segundo avión, a bordo del cual se encuentra Santiago Álvarez, lo transporta a San Pedro Sula, en Honduras. Es desde Centroamérica donde lo acogen y lo protegen altos funcionarios de la policía, colaboradores de la CIA, negociantes de armas y narcotraficantes que emprenderá el viaje que, en marzo de 2005, que le permite entrar clandestinamente a los Estados Unidos.
Según usted sea «los Cinco» o Posada
Caracas y La Habana han hecho demasiado ruido. Washington no puede fingir más que ignora el lugar de residencia del “terrorista internacional” -según la definición de la Federal Bureau of Investigation (FBI)-, en tanto que éste pasa su tiempo dando entrevistas. El 17 de mayo, se resignan a arrestarlo. El 19 es encarcelado en El Paso (Texas), en una celda de “cincos estrellas”, acusado de… “violación de la legislación migratoria”: El 27 de setiembre, la justicia estadounidense determina que no será extraditado ni a Venezuela ni a Cuba para ser juzgado por sus crímenes [3], ya que… “podría ser torturado en esos países”. Movido por un sentimiento de rencor primitivo, Posada Carriles podría sobre todo revelar el lado oscuro de la “guerra sucia” conducida por Washington en América Latina y Cuba desde los años sesenta, las torpezas de la CIA e incluso, por qué no, el papel del que era director en 1976, en el momento de la explosión del CD-8 del Cubana de Aviación: George Bush (padre). El riesgo de ver expuesto abiertamente el American Way of Death es prácticamente el mismo si es realmente juzgado en los Estados Unidos. En resumen, Posada Carriles tiene en la cabeza secretos que muchos no desean que vean la luz del día.
Desde ese momento, dos escándalos judiciales estrechamente vinculados uno al otro colisionan públicamente. En efecto, el 24 de mayo de 2005, algunos días después de la detención de Posada Carriles, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias denunciaron el encarcelamiento, en los Estados Unidos, de cinco Cubanos -Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Fernando González y Antonio Guerrero-, destacando que viola las normas internacionales y exigen un nuevo proceso. Este mismo año 2005, diez Premios Nobel harán un llamamiento para la liberación de los cinco cubanos en cuestión [4].
Infiltrando sin violencia, por la cuenta del gobierno cubano, los grupos terroristas que responden a Posada Carriles con el fin de neutralizar los efectos en la isla, los “Cinco” fueron arrestados en Miami en septiembre de 1998, juzgados en esta ciudad y en condiciones asombrosas por “conspiración por espionaje” que ponía en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, luego condenados en diciembre de 2001 a penas que superan toda comprensión [5].
Otra va a ser la suerte del que las acciones impusieron su presencia en Miami, en nombre de la legítima defensa de su país, Cuba. Después de haber decidido que Posada Carriles no podía ser extraditado ni a La Habana ni a Caracas, el juez William Lee Abott dio noventa días al gobierno para que encuentre un tercer país a donde expulsarlo. Washington busca entonces un lugar en el que pueda vivir tranquilamente. Posada Carriles que está listo para preparar sus valijas -es una de sus grandes especialidades. Pero: Canadá, México, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador se niegan a aceptarlo en sus respetivos territorios, Washington se queda con ese amigo cargoso en sus manos.
Aunque el Gran Jurado haya sido convocado en Newark (New Jersey) en enero de 2006 para escuchar su testimonio sobre su implicación en los atentados de La Habana en 1997, la justicia estadounidense le concede la libertad condicional, contra una fianza de 350.000 dólares, el 19 de abril de 2007. Disfruta desde ese momento de un retiro tranquilo en la urbanización Lago del Rey, en el sudoeste de Miami. Pasarán cuatro años con maniobras dilatorias, intrigas y artimañas, antes que por fin se abra el proceso, el 10 de enero de 2011, en El Paso. ¿Por qué esa ciudad de Texas? ¡Porque Posada Carriles tiene imaginación! Interrogado por las autoridades migratorias, pretendió que, viniendo de México, atravesó en automóvil la frontera de ese Estado, en Brownsville, y a continuación viajó en autobús Greyhound hasta Miami. Mintió una vez más al departamento de Justicia y Seguridad cuando, habiendo solicitado asilo político y su naturalización estadounidense, negó, bajo juramento, estar relacionado de una manera u otra a los atentados que tuvieron lugar en Cuba en 1997.
Crímenes sin castigo
Bajo la presidencia de la jueza federal Kathleen Cardone, nombrada en 2003 para ocupar esa función por… George W. Bush, el show puede comenzar. Prestándose a sonreír, once cargos son presentados contra Posada Carriles, que comparece como acusado libre: perjurio, fraude, obstrucción a la justicia, infracción a las leyes estadounidenses de inmigración, etc… Además, con el riesgo para el acusado, señalado por José Pertierra, el abogado que representa a Caracas para su extradición, de que: “Si el tribunal lo juzga culpable de haber mentido respecto de su relación con los autores de los atentados de la Habana, la justicia estadounidense estará obligada a perseguirlo como autor intelectual de los crímenes”. La defensa no se equivoca, desde la primera audiencia, se concentra en transformar el affaire Posada Carriles en un proceso contra… Cuba. El abogado Arturo V. Hernández se puso todavía más inquieto cuando la jueza autorizó al Ministerio Público a presentar 6500 documentos provenientes de La Habana. Permitió también utilizar como prueba elementos proporcionados por el gobierno guatemalteco, entre ellos el pasaporte falso a nombre de Manuel Enrique Castillo López con el que Posada Carriles entró a México (ver más abajo).
El 19 de enero, la funcionaria de la inmigración Susana Bolaños avanza hacia el estrado. Tuvo que examinar el formulario N400 con el cual Posada Carriles pedía su naturalización. A la pregunta “militó en algún momento, para derrocar a algún gobierno”, él respondió “sí”. A la pregunta concerniente a los antecedentes penales, mencionó una condena que lo confinó a cuatro años de prisión en Panamá. “Esos hechos definitivamente me preocuparon”, concluyó Bolaños. El abogado Hernández respondió rápidamente: el acusado no tiene un conocimiento del inglés suficientemente fluido como para haber comprendido cabalmente, las preguntas que le hicieron.
Cubano-estadounidense, pero también informador (a cambio de su naturalización) a sueldo del FBI, Gilberto Abascal presta declaración durante seis días a partir del 24 de enero. Reclutado por Santiago Álvarez como mecánico, formaba parte de la tripulación que, a bordo, del yate Santrina, fue a recoger a Posada Carriles a Yucatán y a transportarlo clandestinamente a Miami. Abascal confirma la vía de entrada real del acusado. Sacando de la manga informes médicos de la Agencia de Seguridad Social, la defensa intenta desacreditarlo: se le habían diagnosticado serios síntomas de esquizofrenia, entre 2002 y 2003, después de una caída, en 2000, desde un inmueble en construcción. “Problemas mentales” concluyó el abogado. Lo que no debería hacer olvidar que Abascal probó sus declaraciones mostrando una fotografía de Posada Carriles haciéndose cortar el pelo por un peluquero de la isla Mujeres, antes de embarcarse en la Santrina.
Abascal va a pagar muy caro su prestación. El 27 de enero, el juez Cardone le pide sentarse en el banco de los testigos y le pregunta, antes de la llegada de los jurados: “Sr. Abascal, parece perturbado. ¿Quisiera explicarme lo que ocurre?”. Hay en la voz del testigo un matiz de amargura cuando responde: “[el abogado] Arturo Hernández le inventó historias a mi mujer y ella me llamó para decirme que en razón de este hostigamiento, no quiere saber más nada conmigo [6]”. Es que Abascal desde hace tiempo, les despierta odio. También fue un testigo “clave” de la acusación en la comparecencia de Santiago Álvarez, el propietario del Santrina, en 2006, en Miami. Detenido por el FBI en 2004 por posesión de un arsenal (AK-47 y AR-15 con los números de identificación limados, silenciador, granadas, etc.), en su oficina de Hialeah, en Miami, Álvarez se ha condenado a cuatro años de prisión por este motivo, pero también porque se negaba a dar testimonio para explicar cómo Posada Carriles había llegado a los Estados Unidos. En agosto 2006, en Miami, Abascal escapó por poco de una tentativa de asesinato con arma de fuego. Una vez más, en El Paso, parece un conejo encandilado por los faros de un camión. Con gran severidad, al comenzar la audiencia y después de haber pedido a los fiscales que se acercasen, la jueza llama al abogado al que amonesta por el delito federal -intimidación de testigo-, pasible de prisión. De todas maneras para que los jurados no puedan escuchar la conversación, previamente desconectó el micrófono. Cuando la sesión continua, el abogado mantiene en vilo a Abascal durante un tiempo interminable, ¡lo intimida, lo insulta, lo trata de ladrón, de mentiroso, de espía de Cuba, de mercenario y de loco!
Para recordar, digamos que durante los siete meses de proceso a los Cinco, en Miami, en 2000 y 2001, fue el fiscal el que permitió todo tipo de presiones y amenazas contra los jurados - tomados como presas de caza en el Palacio de Justicia, desafiados por la multitud de anticastristas, acosados por los periodistas que tomaron partido por la extrema derecha cubano estadounidense - al tal punto que los jurados expresaron el temor por su seguridad en varias ocasiones.
El 7 de febrero, nos enteramos por boca de Steven Ussher, investigador del Servicio de Inmigración y del Control de Aduanas, que las autoridades estadounidenses jamás dieron la orden de investigar o examinar el Santrina para buscar pruebas de la presencia de Posada Carriles. El 8 el abogado de éste último libra una batalla desesperada para convencer a la jueza para que impida o retarde el testimonio del teniente coronel de la Seguridad cubana Roberto Hernández Caballero.
Una vez más, dos asuntos entran en colisión - y curiosamente: el 29 de marzo de 2001, a la petición de la defensa de los Cinco, Hernández Caballero ya prestó testimonio ante el Tribunal Federal de Miami. Su adversario de ayer, el Gobierno de los Estados Unidos, le pide ahora presentar los mismos elementos de la investigación contra Posada Carriles, siendo que los combatió violentamente cuando habrían permitido, usando una lógica correcta, absolver los Cinco. Es cierto que, esta vez, lo que está en juego es menor: no se juzgan los crímenes de un anticastrista contra Cuba, ni a los que intentaron impedirlos, sino algunas “pequeñas mentiras entre amigos”.
El 9 de febrero, se interrumpió permanentemente por las objeciones de la defensa de que el coronel Hernández Caballero suministre finalmente su declaración sobre los acontecimientos de 1997, los heridos que provocó y la muerte del turista Di Celmo. La jueza Cardone considera entonces que ha hecho lo suficiente sobre el tema. Decide que el testigo siguiente -Ileana Vizcaíno Dime, especialista cubana de medicina forense que hizo la autopsia del cuerpo de Di Celmo- será interrogada por la acusación y la defensa, pero… sin de la presencia de los jurados. De la misma manera, no permite que se presente a éstos un fax particularmente esclarecedor enviado por Posada Carriles a sus cómplices, desde Guatemala, en 1997.
Interceptado por Antonio “Tony” Álvarez, hombre de negocios cubano a exiliado que, en la Ciudad de Guatemala, compartía a una oficina con el terrorista (sin sospechar inicialmente sobre sus actividades), el fax en cuestión, firmado Solo- uno de los seudónimos favoritos de Posada [7] -exigía de sus interlocutores información precisa sobre el resultado de sus atentados en la isla, entonces atribuidos a la oposición interna por los medios de comunicación internacionales: “Como se lo expliqué, si no hay publicidad, el trabajo es inútil. Los Diarios estadounidenses no publican nada si no se confirma la información. [...] Si no hay publicidad, no habrá pago. Espero tener noticias mañana [...]”. Alarmado, Álvarez había advertido a los agentes de la oficina del FBI en Miami que estrictamente no habían hecho nada.
En El Paso, antes de que su declaración interrumpida, “Tony” Álvarez, tendrá justo el tiempo de explicar que pudo constatar, en la época, la presencia, en la oficina de Posada Carriles, de un tubo llevando la mención “Industria Militar Mexicana -C-4 - Explosivos peligrosos”- precisión aportada en “pequeño comité”, la jueza Cardone tuvo, nuevamente, la delicada atención de hacer retirar a los jurados.
En una entrevista concedida a los periodistas Ann Louise Bardach y Larry Rother, el 18 de junio de 1998, en la isla holandesa de Aruba, Posada Carriles reconoció que había organizado la campaña contra objetivos turísticos cubanos en 1997, que era financiaba por la FNCA y su Presidente Jorge Mas Canosa, y que había pagado al salvadoreño Raúl Cruz León para colocar las bombas - incluida aquélla que mató a Di Celmo [8]. Posada Carriles se estaba incluso permitido algunas bromas: “El FBI y la CIA no me obstruyen. Soy neutro con ellos. Cada vez que puedo, los ayudo”. Esta entrevista se publicaba en Nueva York Times los días 12 y 13 de julio de 1998.
Es pues con mucho interés que se esperaba la presencia de Bardach en el proceso de EL Paso. No obstante, desde el principio, los dados fueron trucados, la defensa poniéndose de acuerdo con los fiscales Timothy J. Reardon y Jerome Teresinski para censurar la grabación realizada por el periodista en Aruba. De una duración original de seis horas y treinta minutos, ésta se redujo a dos horas y cuarenta minutos en la versión sometida a la escucha de los jurados. Se evitó así sobrecargarles la mente con: el papel de Posada Carriles en el escándalo Irán-contras, en los años ochenta; sus relaciones clandestinas con las organizaciones paramilitares de El Salvador y Guatemala, durante la misma década; su relación de más de treinta años con la CIA.
Durante cuatro días, Bardach debió defender vigorosamente su trabajo y responder a los ataques insidiosos o directos del abogado Arturo Hernández. Así: “¿No cree que violó el código de ética periodístico escribiendo en el New York Times que Cruz León trabajaba para Posada?”. Bardach responde con una voz aguda: “Si, abogado Hernández, Cruz León, trabajaba para Posada. Éste me lo dijo - “soy el jefe, el autor intelectual, el responsable de la operación”. Hernández insiste. Lee la transcripción en la cual Posada Carriles afirma que “otro tipo” empleó a León. “¡Otro tipo! ¡Cualesquiera puede haberlo empleado!”. Bardach se exaspera: “¡Sé quién es el tipo, ustedes saben quién es el tipo, ellos [los fiscales] saben quién es el tipo! ¡Todos sabemos quién es el tipo, pero no podemos decirlo! ¡Ustedes no quieren que se diga quién es el tipo! Digamos que se llama Sr. X. Este tipo nunca habría reclutado a Cruz León si Posada no hubiera querido que reclutara a Cruz León…”
Desencriptado (excepto para los jurados, a quienes se prohíbe el acceso a esta información): “el tipo” se llama a Francisco Chávez Abarca. Salvadoreño, fue uno de los que colocó bombas. Una de entre ellas estalló el 12 de abril de 1997, en la discoteca del hotel Meliá Cohíba, causando importantes daños; otra, disimulada en el piso quince del mismo establecimiento, pudo desactivarse a tiempo. Siguiendo instrucciones de Posada Carriles, reclutó y entrenó -entre otras cosas-, para el mismo tipo de “trabajo”, a dos otros salvadoreños, a Otto Rodríguez Llerena (detenido en ocasión de su segunda misión en La Habana, el 10 de junio de 1998) y Cruz León. El 1 de julio de 2010, portador de un falso pasaporte guatemalteco, Chávez Abarca fue detenido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Caracas). Tras su detención, reconoció haber entrado a Venezuela para evaluar la posibilidad de crear, en vínculo con miembros radicales de la oposición, desordenes y atentados con miras a desestabilizar el país, en la víspera de las elecciones legislativas del mes de septiembre siguiente. Obtenida la extradición a Cuba el 7 de julio, durante el juicio, llevado a cabo el 20 y 21 de diciembre, reconoció su culpabilidad y describió las operaciones que le encargó Posada Carriles [9].
Cuando, a la solicitud de la defensa, se presenta Otto Reich, el juez Cardone lo presenta como un “experto en asuntos cubanos”. Es sobre todo un ex colaborador directo de los Presidentes: Ronald Reagan, George Bush I y George Bush II. Implicado en Irán-contras y en todos los “golpes sucios” de Washington en América Latina, desempeñó también un papel en la tentativa de derrocamiento del Presidente Chávez, en abril de 2002, en Venezuela. Los jurados no tienen por qué saberlo, inútil de sobrecargarles la mente. Envalentonado por su rica experiencia Reich lanza una larga acusación contra la “dictadura cubana” dónde “se tienen cincuenta mil militares prisioneros (¡sic!)”, antes de tomarse contra Bardach -“capaz de adulterar las respuestas de cualquier entrevistado”- incluso en el New York Times, casi cualificado de diario cripto-cubano.
El 8 de abril, al término de una comedia que se eternizó durante trece largas semanas, y después de tres cortas horas de deliberaciones, el tribunal, por unanimidad, declaró a Posada Carriles inocente de los once cargos que pesaban sobre él. El Sur de los Estados Unidos obliga, la mayoría de los doce jurados eran de origen hispano. Ahora bien, El Paso, situado sobre la frontera mexicana, es una de las puertas de entrada de la inmigración ilegal al territorio estadounidense - práctica que, para todo individuo llegado él mismo en esas condiciones, o descendiente de personas que recurrieron a esa práctica, no solo no constituye un crimen, sino que además es vista con una cierta simpatía.
Por lo tanto, considera el abogado de Caracas Pertierra, “juzgar a un “sin papeles” por haber mentido a Inmigraciones es absurdo para un paseño. ¡Esos casos, normalmente, sólo requieren el tiempo necesario para bailar un merengue a la puerta de un colegio! ” Tanto más cuando el jurado nunca ha sabido que, si Posada Carriles mintió, es sobre todo para proteger los que, junto con Santiago Álvarez, a bordo del Santrina, le permitieron desembarcar ilegalmente en Miami (la ayuda a un “terrorista” es sancionada severamente por la ley). Nunca supieron que la jueza Cardone había rechazado el caso Posada Carriles en 2007. Pretendió que el Gobierno había engañado a este último para que hiciese falsas declaraciones que permitirían, a continuación, proseguirlo por perjurio. Fue necesario que un Tribunal de apelación invalidase esta decisión y obligase la magistrada a abrir el pleito.
En estas condiciones, nadie se asombrará de que el juicio se haya transformado en la puesta en escena de una pieza teatral de acusación a Cuba; que Cardone constantemente haya suspendido a las audiencias, durante varios días y bajo distintos motivos; que dejaban así el show perpetuarse durante más de tres meses, atontando a los jurados, lo que permitió que la defensa hostigase durante horas a los testigos; que haya dejado de lado las una serie de pruebas; que regularmente haya hecho retirar a los jurados de la sala cuando había testimonios importantes; que en numerosas ocasiones, haya intimado a estos mismos jurados de no tener en cuenta lo que acababan de oír; que…
En revancha, no pudo ni prever ni prevenir la pequeña bomba que estalló el 18 de enero (metáfora, N. del T.). Ese día, informaba Gina Garrett-Jackson, abogada del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Ésta dijo cómo, en contacto con fiscales federales y agentes del FBI, la Policía de aduanas e inmigración, así como con el Drug Enforcement Administración (DEA) [10], trabajaba en 2005 sobre el caso Posada Carriles. No ignorando que, debido a sus anteriores actividades, no cumplía las condiciones para obtener el asilo político, explicó a El Paso, “sin embargo lo interrogué con todo detalle ya que mi deber era indagar sobre su credibilidad. Y no le creí”. Lo que la llevó, en agosto de ese año, a contactar por correo electrónico a una fiscal federal de Miami, Caroline Heck Miller, para preguntarle si no le parecía conveniente perseguir a Posada Carriles “por sus actividades criminales”. Por la respuesta Garrett-Jackson concluyó: “La fiscal no pareció interesada”.
Heck Miller no es una desconocida. Fue la encargada de la acusación contra los Cinco, en ocasión de su inicuo proceso, en Miami. Fue ella quién, bajo las ordenes del fiscal general del sur de Florida, Guy Lewis, cuya convivencia con la extrema derecha cubano-estadounidense apenas disimulaba, pidió contra los Cinco castigos más severos que los previstos en la “guía de penas” de los Estados Unidos. En agosto de 2005, precisamente, cuando ignora la invitación de Garrett-Jackson a interesarse seriamente en el caso de Posada Carriles, tres jueces de la Corte de Apelación de Atlanta acababa de decretar la nulidad del proceso contra los Cinco. En su argumentación, se referían extensamente a la larga lista de crímenes de Posada Carriles y otros terroristas que los Cinco tenían que vigilar y, gracias a la información que recogían, contribuir a neutralizarlos [11].
Entonces, ahora sabemos, que ella misma -Heck Miller- que desplegó una energía enorme para hacer condenar a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Fernando González y Antonio Guerrero a penas inicuas por crímenes que no cometieron, se negó a perseguir a Posada Carriles por crímenes perfectamente probados.
Como para hacer la historia aún más inmoral, el 18 de enero, mientras que Garrett-Jackson indagaba en El Paso, Heck Miller reapareció en Miami: donde nuevamente solicitó la prórroga de la solicitud de habeas corpus presentada por uno del Cinco, Gerardo Hernández, el hombre a quien lanzó a las cárceles estadounidenses por dos perpetuidades más quince años.
Notas
[1] Violando el embargo internacional, el gobierno de Ronald Reagan vende material militar a Irán y utiliza ese dinero para financiar a los contras.
[2] Es en esta época, le 28 de febrero de 1990, que Posada Carriles es víctima de un atentado, en la ciudad de Guatemala. Lo alcanzan dos tiros: uno le rompe la mandíbula y le atraviesa la lengua, el otro se fija junto al corazón.
[3] La Habana reclama a Posada Carriles por la muerte de los setenta y tres pasajeros y miembros de tripulación del CD-8 de la Cubana de Aviación, en Barbados; por la muerte del turista italiano Fabio di Celmo en 1997; para varias conspiraciones con el fin de asesinar a Fidel Castro. Caracas lanzó una orden de detención internacional ya que fue en esa ciudad que se organizó el crimen en Barbados y porque Posada Carriles se evadió de una prisión venezolana en 1985.
[4] José Ramos-Horta, Wole Soyinka, Adolfo Pérez Esquivel, Nadine Gordimer, Rigoberta Menchú, José Saramago, Zhores Alferov, Darío Fo, Günter Grass, Mairead Corrigan Maguirre.
[5] Quince años de cárcel para René González; diecinueve años para Fernando González; perpetuidad más dieciocho años para Ramón Labañino; perpetuidad más diez años para Antonio Guerrero; dos perpetuidades más quince años para Gerardo Hernández. Al término de una muy larga batalla judicial, Antonio Guerrero vio su castigo reducido a veintiún años más diez meses, el 13 de octubre de 2009; Ramón Labañino a treinta años de encarcelamiento y Fernando González a diecisiete años más nueve meses, el 8 de diciembre de 2009.
[6] Episodio relatado por José Pertierra, en Cubadebate, el 28 de enero.
[7] Inspirado en una serie televisiva famosa en los años 1960, MAN from U.N.C.L.E., (el hombre de U.N.C.L.E. (United Network Command for Law and Enforcement), NdT)), cuyo héroe se llamaba Napoleón Solo.
[8] Detenido el 4 de septiembre de 1997 La Habana, condenado a muerte en 1999, Cruz León al apelar vio su pena reducida a treinta años de prisión por la justicia cubana, el 3 de diciembre de 2010.
[9] Fue condenado a treinta años de prisión.
[10] Organismo para la lucha contra las drogas, dependiente del ministerio de justicia.
[11] El Fiscal General de los Estados Unidos, Alberto González, se apoyó en la decisión de los tres jueces y, el 9 de agosto de 2006, el Tribunal Plenario la desaprobó, ratificando el pleito de Miami.
Tomado de Cubadebate
*Periodista y escritor francés, autor de la primera novela escrita sobre el caso de los Cinco cubanos prisioneros en los EEUU.
Liberación, emancipación y democracia
Hace pocos días terminaron las sesiones del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, ha dejado un creciente optimismo cauteloso en las grandes mayorías ciudadanas que respondieron una vez más a la convocatoria de los comunistas cubanos, ratificando de ese modo, no solo la confianza en el papel que puede jugar la organización política en las transformaciones imprescindibles en la sociedad cubana en un mundo cambiado y cambiante, sino confirmando el tumbo socialista de la sociedad cubana.
En las últimas horas, una nueva campaña difamatoria se orquesta contra la Revolución. En esta ocasión, ante la muerte del ciudadano cubano Juan Wilfredo Soto García, ocurrida el pasado 8 de mayo, por una pancreatitis aguda, en el hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara.